El Comité Permanente de Finanzas de la India convocó una reunión con representantes de los exchanges de criptomonedas Binance, WazirX y ZebPay el 20 de mayo, un movimiento que podría señalar un giro decisivo en el enfoque del país hacia la regulación de los activos digitales tras años de incertidumbre.
La reunión, celebrada en el anexo de la Parliament House en Nueva Delhi, está siendo vista por la industria como la señal más clara hasta ahora de que los legisladores indios podrían estar avanzando hacia la creación de un marco legal estructurado para las criptomonedas, en lugar de depender del actual régimen punitivo de impuestos y cumplimiento. Durante años, la industria local ha estado atrapada entre una demanda minorista masiva y la falta de directrices regulatorias claras.
Los legisladores están recopilando comentarios de la industria sobre el comercio de criptomonedas, el impacto del impuesto del 30 % a las criptomonedas del país y el 1 % de impuesto deducido en la fuente (TDS), y reglas de protección del inversor más amplias, según un aviso oficial. La sesión fue seguida por discusiones separadas con funcionarios de la Autoridad de Centros de Servicios Financieros Internacionales (IFSCA) y el Ministerio de Finanzas, lo que sugiere que se está llevando a cabo una revisión integral.
El resultado de estas discusiones podría ser fundamental. Un marco regulatorio claro podría ayudar a revertir la fuga del volumen de operaciones hacia plataformas offshore y posicionar a la India como un actor clave en la economía de los activos digitales. Por el contrario, mantener el statu quo o imponer más restricciones podría seguir sofocando el crecimiento y la innovación dentro del país.
De la prohibición bancaria al régimen fiscal
La relación de la India con las criptomonedas ha sido turbulenta. En 2018, el Banco de la Reserva de la India (RBI) prohibió efectivamente a los bancos prestar servicios a empresas relacionadas con las criptomonedas, una medida que paralizó a los exchanges locales hasta que fue anulada por el Tribunal Supremo en marzo de 2020.
El panorama regulatorio cambió nuevamente en 2022 cuando el gobierno introdujo un régimen fiscal formal para los Activos Digitales Virtuales (VDA). Esto incluyó un impuesto fijo del 30 % sobre todas las ganancias de criptomonedas y un 1 % de TDS en las transacciones, lo que afectó gravemente la liquidez en los exchanges nacionales.
Para 2023, todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) fueron incluidos en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), lo que les obliga a registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-IND) e implementar sistemas estrictos de KYC y reporte de transacciones. Si bien esto creó un marco impulsado por el cumplimiento, no llegó a proporcionar un sistema completo de regulación y licencias para la industria, dejando áreas como DeFi y NFT en una zona gris. Esta última reunión sugiere que los responsables de la política ahora están considerando el siguiente paso más allá de la tributación y el cumplimiento de AML.
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