La Corte Suprema asesta una dura derrota a Trump con su fallo 5-4 sobre la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema anuló el martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringía la ciudadanía por nacimiento, preservando una garantía constitucional vigente desde hace más de 125 años.

El tribunal falló 5-4 que la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda impide al presidente denegar unilateralmente la ciudadanía automática a los niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados o con visa temporal, rechazando una política que Trump había impulsado desde su primera campaña presidencial en 2015.

"La orden ilegal de ciudadanía por nacimiento de Trump no fue solo un ataque a nuestra Constitución — fue un ataque a millones de estadounidenses con herencia inmigrante", declaró el senador Dick Durbin de Illinois, quien lideró a 216 demócratas del Congreso en la presentación de un escrito de apoyo a la política.

El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, a la que se unieron la designada por Trump, la jueza Amy Coney Barrett, y los tres jueces liberales del tribunal — Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. El juez Brett Kavanaugh coincidió en que la orden era ilegal, pero escribió por separado que violaba un estatuto federal en lugar de la Constitución, sugiriendo que el Congreso podría aprobar una ley para restringir la política. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch disintieron, argumentando que la orden de Trump era completamente legal.

El fallo afecta a unos 255.000 niños nacidos anualmente en EE.UU. que habrían sido privados de la ciudadanía según la política, según el Migration Policy Institute — aproximadamente el 6 % de todos los nacimientos proyectados. La proporción de la población estadounidense sin ciudadanía ni estatus legal habría sido un 40 % mayor para 2075 bajo el cambio, estimó el instituto.

Trump firmó la orden ejecutiva el primer día de su regreso al cargo en enero de 2025, limitando la ciudadanía a los hijos de ciudadanos o residentes legales permanentes. La 14.ª Enmienda, ratificada en 1868, otorga la ciudadanía a "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción" — lenguaje que la Corte Suprema interpretó por primera vez en su decisión de 1898 en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que sostuvo que un niño nacido en San Francisco de padres inmigrantes chinos era ciudadano estadounidense. Ese precedente ha perdurado durante 128 años.

La opinión concurrente de Kavanaugh abre una posible vía para la acción legislativa. Al dictaminar que la orden violaba un estatuto migratorio de 1952 en lugar de la Constitución, dejó al Congreso la opción de aprobar una nueva ley que excluya ciertas categorías de niños de la ciudadanía automática — aunque dicha legislación requeriría 60 votos en el Senado.

Una legislatura dividida sobre el poder presidencial

El fallo sobre la ciudadanía por nacimiento coronó una legislatura en la que la mayoría conservadora del tribunal respaldó con frecuencia a Trump en materia de autoridad ejecutiva. El lunes, el tribunal falló 6-3 que el presidente puede despedir a los miembros de la Comisión Federal de Comercio sin causa, revocando un precedente de 1935. También confirmó la política de Trump de rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera y la decisión de su administración de poner fin a las protecciones temporales para los ciudadanos haitianos y sirios.

Pero en el caso de la ciudadanía por nacimiento, el tribunal trazó una línea constitucional. Trump había pronosticado que perdería el caso, diciendo a los periodistas el lunes que "aceptaría" la decisión pero calificando la política de "tremendamente destructiva" y "extremadamente costosa". Se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir a los argumentos orales de la Corte Suprema cuando el caso fue visto el 1 de abril.

En otras dos decisiones del martes, el tribunal falló 6-3 para permitir que los estados prohíban a los atletas transgénero en equipos deportivos femeninos y anuló un límite de 50 años sobre el gasto de campaña coordinado entre partidos políticos y candidatos — esto último una victoria para el vicepresidente JD Vance y los republicanos.

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