La inversión directa de la administración Trump en al menos 10 corporaciones estadounidenses marca un cambio profundo del republicanismo tradicional de libre mercado hacia un nuevo «capitalismo Trump» intervencionista.
La administración Trump ha redefinido su papel en la economía estadounidense, tomando participaciones directas en el capital de al menos 10 empresas, incluido un 10% de Intel por 8.900 millones de dólares y una «acción de oro» en U.S. Steel, lo que indica un giro radical tras décadas de ortodoxia de libre mercado. Esta nueva forma de «capitalismo Trump» combina la política industrial con la intervención directa de formas que han desconcertado a algunos líderes corporativos.
«Estamos viendo que el gobierno se involucra más en diferentes aspectos de la economía, lo que supone un giro respecto al enfoque republicano más tradicional del siglo pasado», afirmó Kelly Ann Shaw, quien fue asesora adjunta del presidente para asuntos económicos internacionales durante el primer mandato de Trump.
El enfoque activista de la administración se extiende más allá de la seguridad nacional; los funcionarios discutieron una participación del 90% en Spirit Airlines antes de su colapso y barajaron una participación gubernamental en una posible fusión entre United y American Airlines. Esto sigue a la petición del presidente de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, una medida que discutió directamente con la senadora demócrata Elizabeth Warren.
Esta política intervencionista, que el presidente ha calificado de «muy estadounidense», está creando una profunda incertidumbre entre los líderes corporativos y reequilibrando la balanza de poder entre Washington y el sector privado. Para los inversores, introduce una nueva capa de riesgo político y plantea dudas sobre si el éxito corporativo dependerá ahora del favor del gobierno, lo que podría distorsionar la dinámica del mercado y la asignación de capital.
Una nueva política industrial
La administración ha justificado sus movimientos como necesarios para contrarrestar a los rivales estratégicos y reconstruir la base industrial del país. La adquisición de acciones en empresas de minerales críticos tiene como objetivo directo contrarrestar el cuasi monopolio de China en el procesamiento. «Si dejas que el mercado actúe por su cuenta, no podremos diversificarnos para alejarnos del dominio chino», dijo Shaw. Del mismo modo, la inversión de 8.900 millones de dólares del Departamento de Comercio por una participación del 10% en Intel se negoció utilizando fondos de la Ley CHIPS y Ciencia, una ley de 2022 aprobada para reforzar la fabricación nacional de semiconductores.
El presidente Trump no se ha disculpado por esta estrategia. «Cuando la gente necesita algo, creo que deberíamos tomar participaciones en las empresas», dijo a The Wall Street Journal en diciembre. «Ahora bien, algunos dirían que eso no suena muy estadounidense. En realidad, creo que es muy estadounidense». La Casa Blanca afirma que la inversión en Intel ya ha generado 30.000 millones de dólares en ganancias en 90 días.
Este enfoque ha inquietado a muchos en la comunidad empresarial. Los grupos de presión informan de que los ejecutivos ensayan ahora cómo desviar posibles peticiones de participación en el capital antes de las reuniones en la Casa Blanca. «Este es un Partido Republicano muy diferente y un líder muy diferente de lo que creo que hemos visto en los últimos 50 años», dijo Suzanne Clark, presidenta de la Cámara de Comercio de EE. UU.
Convergencia bipartidista
Aunque los métodos de Trump son poco ortodoxos, el giro subyacente hacia la política industrial refleja un consenso creciente en Washington de que un enfoque de laissez-faire ya no es suficiente para la seguridad nacional. La administración Biden también había considerado la creación de un vehículo de inversión financiado por el gobierno para tomar participaciones en empresas consideradas vitales para la seguridad nacional, aunque la idea nunca se materializó.
Ese impulso dio lugar a la Ley CHIPS y Ciencia de 2022, que Trump calificó en su día de «horrible» regalo corporativo, pero que ahora ha utilizado para facilitar su estrategia de inversión en capital. La ley se diseñó para reducir la dependencia de EE. UU. de las cadenas de suministro extranjeras para tecnologías críticas.
«Hemos cruzado el Rubicón como país en términos de sentirnos más cómodos con que el gobierno desempeñe un papel ligeramente más pesado», dijo Shaw. Sin embargo, los críticos se preocupan por la concentración del poder ejecutivo y la posibilidad de amiguismo. Ilias Alami, profesor adjunto de economía política en la Universidad de Cambridge, señaló que las políticas del presidente parecen tener «un efecto secundario de concentrar el poder ya sea en manos del propio Trump o en el ejecutivo en general». El exasesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, reconoció la nueva vía, pero temió que las inversiones de la administración pudieran distorsionar los mercados y recompensar a los aliados políticos.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
