La administración Trump ha puesto fin a un precedente de 70 años que permitía a los titulares de visas temporales solicitar la residencia permanente desde dentro de los EE. UU., una medida que podría obligar a más de un millón de personas a abandonar el país.
La administración Trump ahora requerirá que la mayoría de los titulares de visas temporales regresen a sus países de origen para solicitar la residencia permanente, un cambio de política importante que pone fin a una práctica de larga data y afecta a más de 1,2 millones de personas actualmente en las listas de espera de tarjetas de residencia.
"De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en los EE. UU. y quiera una Tarjeta Verde debe regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias", dijo el portavoz de USCIS, Zach Kahler, en un comunicado el viernes.
La política afecta principalmente a los trabajadores H-1B, estudiantes y otros no inmigrantes que anteriormente podían utilizar el proceso de "ajuste de estatus" para solicitar una tarjeta de residencia sin salir del país. La medida sigue a una caída del 38,5 por ciento en los registros H-1B para el año fiscal 2027 y a lo que el Instituto Cato informa como un recorte del 50 por ciento en las aprobaciones de tarjetas de residencia durante el último año.
El cambio amenaza con perturbar el sector tecnológico de los EE. UU. al obligar a los trabajadores altamente calificados, muchos de ellos de la India, a dejar sus trabajos para un proceso consular incierto que podría durar años. La nueva guía es parte de una revisión migratoria más amplia provocada por un tiroteo en noviembre de 2025 en Washington D.C., y el USCIS ahora redefine las solicitudes dentro del país como "alivio extraordinario" en lugar de un procedimiento estándar.
El anuncio provocó la condena inmediata de la industria tecnológica, que depende en gran medida de las visas H-1B y otras para cubrir puestos de alta calificación. El cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, calificó la medida de "perjudicial para la tecnología, para las empresas y para Estados Unidos", cuestionando si los investigadores de IA se verán obligados a esperar en listas de espera de varias décadas desde el extranjero. La política podría crear una interrupción operativa significativa para las empresas con personal clave atrapado en la transición.
Los abogados y defensores de la inmigración se hicieron eco de esas preocupaciones, desafiando la justificación legal de la administración. "Es un proceso de inmigración legal estipulado en las regulaciones", dijo la abogada de inmigración con sede en Nueva York, Eva Golinger, señalando que visas como la H-1B y la O-1 están designadas explícitamente como de doble intención, lo que permite a los titulares buscar la residencia permanente. FWD.us, un grupo de defensa de la inmigración, calificó la política como un "trastorno profundamente dañino de más de 70 años de precedentes legislativos, administrativos y judiciales".
Se espera que el impacto sea más severo para los ciudadanos indios, que constituyen la mayoría de la lista de espera de tarjetas de residencia basadas en el empleo, que ahora supera los 1,2 millones de solicitantes según el Instituto Cato. Debido a los topes por país, los tiempos de espera para los profesionales indios en las categorías EB-2 y EB-3 ya se extendían por años y, en algunos casos, décadas. Obligarlos a regresar a la India para el procesamiento consular agrega otra capa de incertidumbre y una potencial separación familiar.
Algunos abogados advirtieron que la política podría ser una "trampa", ya que ciertas personas que abandonan los EE. UU. podrían estar sujetas a prohibiciones de reingreso de tres o diez años. Charles Kuck, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que anticipa litigios, argumentando que la política no fue examinada adecuadamente y viola múltiples disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El USCIS sostiene que el cambio restaura la intención original de la ley de inmigración, donde el ajuste de estatus es un beneficio discrecional, no un derecho. La agencia declaró que el cambio le permitiría asignar mejor los recursos a otras prioridades, como visas humanitarias y solicitudes de naturalización, al tiempo que reduce el incentivo para quedarse más tiempo del permitido por la visa.
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