Treinta años después de que los MiG cubanos derribaran dos aviones civiles en aguas internacionales, Estados Unidos ha acusado al expresidente Raúl Castro de asesinato, intensificando una campaña de presión sobre una nación ya paralizada por una grave crisis energética.
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el miércoles una acusación formal contra Raúl Castro, de 94 años, imputándolo a él y a otros cinco exoficiales militares cubanos por el asesinato de cuatro estadounidenses en 1996. La medida, anunciada en el Día de la Independencia de Cuba, vincula directamente al exministro de defensa con un ataque que ha tensado las relaciones entre EE. UU. y Cuba durante tres décadas y señala una marcada escalada en la estrategia de cambio de régimen de la administración Trump.
"Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia", dijo el fiscal general interino Todd Blanche en una conferencia de prensa en Miami. "No se puede permitir que las naciones y sus líderes ataquen a estadounidenses, los maten y no enfrenten responsabilidades. Si matan estadounidenses, los perseguiremos, sin importar quiénes sean".
La acusación imputa a Castro conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos cargos de destrucción de una aeronave. El incidente del 24 de febrero de 1996 involucró a MiG-29 cubanos disparando contra dos aviones Cessna desarmados operados por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados con sede en Miami que realizaba misiones humanitarias en busca de balseros. El ataque mató a Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales en lo que los informes de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron que era espacio aéreo internacional.
El momento de la acusación es crítico, ya que llega mientras Cuba enfrenta un colapso económico catastrófico. Tras la captura por parte de EE. UU. del presidente venezolano Nicolás Maduro, la administración Trump impuso un estricto bloqueo energético que ha provocado apagones rotativos que a menudo superan las 20 horas al día. Al acusar a Castro, Washington intensifica la presión sobre La Habana; algunos analistas sugieren que esto sienta las bases políticas para una posible acción militar, una apuesta de alto riesgo a solo meses de las elecciones de mitad de período en EE. UU.
Los cargos representan una victoria significativa para las familias de las víctimas y los legisladores cubanoamericanos que han exigido rendición de cuentas durante mucho tiempo. "Estamos muy esperanzados y agradecidos de que finalmente nuestros hijos sean vistos como seres humanos que fueron asesinados bajo una dictadura", dijo Miriam de la Peña, madre de una de las víctimas.
El gobierno de Cuba condenó inmediatamente la acusación como una fabricación. El presidente Miguel Díaz-Canel acusó a EE. UU. de "mentir y manipular los hechos" para "justificar la locura de una agresión militar contra Cuba". Mantuvo que los aviones fueron derribados en defensa propia tras violar el espacio el espacio aéreo cubano, una afirmación contradicha por investigaciones internacionales.
La acción legal se produce en medio de una de las peores crisis económicas en la historia reciente de Cuba. El bloqueo estadounidense a los envíos de combustible, una parte clave de la estrategia del presidente Trump tras derrocar al aliado de Cuba en Venezuela, ha paralizado la red eléctrica de la isla. Residentes en La Habana informan de una situación desesperada con escasez de alimentos, agua y electricidad, creando un entorno volátil que la Casa Blanca podría esperar aprovechar.
"La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible o comida es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares", dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un mensaje de video dirigido al pueblo cubano.
Los analistas están divididos sobre la efectividad potencial de la acusación. William Leogrande, especialista de la American University, lo calificó de "regalo político" para la base republicana de Trump en el sur de Florida que "probablemente sea el último clavo en el ataúd de cualquier esperanza de un acuerdo diplomático". Otros, como Peter Kornbluh del National Security Archive, señalaron que el precedente de acusar y luego capturar al venezolano Maduro significa que el régimen de Castro "no tendrá otra opción que tomar esta amenaza muy en serio".
Aunque pocos esperan que Castro, de 94 años, sea extraditado, Blanche emitió una advertencia directa. "Se emitió una orden de arresto contra él", dijo. "Así que esperamos que se presente aquí, por su propia voluntad o por otro medio".
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