Las nuevas sanciones de EE.UU. contra el principal motor económico de Cuba han provocado la salida de un socio extranjero clave, amenazando con profundizar la ya grave crisis energética y humanitaria en la isla.
Las nuevas sanciones de EE.UU. contra el principal motor económico de Cuba han provocado la salida de un socio extranjero clave, amenazando con profundizar la ya grave crisis energética y humanitaria en la isla.

Las últimas sanciones del gobierno de Trump contra Cuba están provocando una onda de choque en su economía, forzando la suspensión de una importante operación minera de níquel y provocando que las líneas navieras detengan sus servicios. Las sanciones del 1 de mayo contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por los militares cubanos que actúa como motor financiero del régimen, han empujado al menos a un socio extranjero clave a la salida y amenazan con cortar el acceso de la isla a divisas.
"La estrategia de negar divisas a la banda de La Habana no puede perjudicar la lucha popular por la libertad", escribió Mary Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal. Las sanciones tienen como objetivo paralizar financieramente a un régimen que se ha vuelto dependiente de las opacas finanzas de GAESA, que no están sujetas a auditorías públicas ni siquiera militares.
Las repercusiones inmediatas fueron rápidas. En una semana, la canadiense Sherritt International Corp., que posee una participación del 50 por ciento en la empresa conjunta Moa Nickel, anunció que había "suspendido su participación directa en las actividades de la empresa conjunta en Cuba, con efecto inmediato". La empresa, que opera en propiedades expropiadas a una firma estadounidense en 1960, citó el riesgo de futuras sanciones. La salida de Sherritt, cuya operación es una fuente crítica de dólares para la dictadura, fue seguida por los gigantes navieros Hapag-Lloyd y CMA CGM, que suspendieron todas las reservas hacia la isla.
Estas acciones agravan una situación ya de por sí desesperada en Cuba, que lidia con apagones diarios de más de 15 horas, graves escaseces de combustible y un sistema de salud en colapso. Mientras el gobierno cubano culpa al "bloqueo energético" de EE.UU., el descontento público crece. Ciudadanos en redes sociales señalan la mala gestión del propio régimen, destacando cómo GAESA ha invertido 24.200 millones de dólares en turismo durante 15 años —incluyendo hoteles de lujo como la Torre K en el Vedado— mientras asignaba solo 1.750 millones de dólares a la salud pública.
Se estima que GAESA, el principal objetivo de las sanciones, controla entre el 40 y el 70 por ciento de la economía cubana. Según una investigación del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, con sede en Miami, el conglomerado posee las 668 estaciones de gasolina minoristas, la mayoría de los hoteles de cuatro y cinco estrellas, todo el mercado minorista y mayorista, y la Zona Especial de Desarrollo Mariel. También controla el Banco Financiero Internacional, que maneja el 95 por ciento de las transacciones en divisas, asegurando que los dólares del turismo y las remesas fluyan directamente a sus arcas. El laboratorio de ideas estima que de 2008 a 2022, GAESA se embolsó casi 70.000 millones de dólares solo por el envío de personal médico cubano al extranjero.
La escalada de la crisis está causando alarma en todo el Caribe. Los líderes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) temen que un colapso humanitario pueda desencadenar una migración masiva y desestabilizar la región. Editoriales en The Gleaner de Jamaica advirtieron que "una implosión desordenada en Cuba no es buena para nadie", cuestionando si los gobiernos regionales estaban siendo demasiado cautelosos en su respuesta por temor a represalias de EE.UU. Estas preocupaciones aumentan a medida que EE.UU. parece estar incrementando su preparación operativa en el Comando Sur de los Estados Unidos en Miami, señalando un renovado enfoque en remodelar el equilibrio de poder en el Caribe. La última vez que Washington aplicó una estrategia similar de aislamiento económico en la década de 1990, derivó en una crisis migratoria significativa y penurias económicas prolongadas para el pueblo cubano.
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