Verra Mobility Corp. perdió 1.400 millones de dólares en valor de mercado después de que Avis Budget Group rescindiera un contrato, lo que desencadenó una demanda colectiva por fraude de valores.
"El plan de crecimiento optimista de Verra dependía de obtener una extensión del contrato con Avis, un riesgo que la empresa no reveló a los inversores", alega la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Arizona. La demanda, Otucu v. Verra Mobility Corporation, cubre a los accionistas que compraron acciones ordinarias de VRRM entre el 24 de febrero y el 26 de mayo.
La acción se desplomó un 70,6% hasta los 3,85 dólares el 27 de mayo después de que Verra revelara la rescisión, que reducirá los ingresos anualizados de Servicios Comerciales entre 135 y 145 millones de dólares y la ganancia del segmento entre 120 y 125 millones de dólares. La empresa despidió al presidente y director ejecutivo David Roberts el 1 de junio, indicando que la junta determinó que era necesario un cambio de liderazgo.
Los inversores que compraron acciones de VRRM durante el período de la clase tienen hasta el 4 de agosto para solicitar el estatus de demandante principal. Múltiples bufetes de abogados —incluyendo Kessler Topaz Meltzer & Check, Faruqi & Faruqi y Hagens Berman— están investigando denuncias de que Verra hizo declaraciones materialmente falsas sobre su relación con Avis y la sostenibilidad del crecimiento de sus Servicios Comerciales.
La demanda alega que Verra minimizó las preocupaciones de que los principales clientes de alquiler de coches pudieran reemplazar a la empresa con soluciones internas o alternativas externalizadas, haciendo que su guía para el año completo 2026 fuera cada vez más improbable de cumplir. Verra redujo sus perspectivas financieras para 2026 después del aviso de rescisión de Avis, que entra en vigor en septiembre.
La demanda busca recuperar las pérdidas de los accionistas que compraron acciones a precios inflados por las supuestas declaraciones falsas. El demandante principal —generalmente el inversor o grupo con el mayor interés financiero— dirigirá el litigio en nombre de la clase propuesta.
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